Luis Caputo

En 2018, Caputo asumió el BCRA prometiendo orden fiscal y control de la inflación. Tres meses después, estalló la crisis cambiaria, el dólar saltó de 25 a 40 pesos, las reservas se evaporaron y renunció. La historia tiene un 'déjà vu' preocupante. En 2024 repite el mismo diagnóstico: ajuste fiscal como única herramienta, mientras el atraso cambiario crece, las reservas netas siguen negativas y la salida del cepo se posterga sin fecha.

El razonamiento de Caputo es impecable en teoría: sin déficit fiscal no hay emisión, sin emisión no hay inflación. El problema es que Argentina no es solo una ecuación fiscal. Es una economía bimonetaria sin dólares, con un BCRA quebrado y sin acceso a crédito internacional. El superávit fiscal es necesario pero no suficiente. Sin acumulación de reservas, la salida del cepo —necesaria para que la economía crezca— es imposible.

Sin crecimiento, el ajuste fiscal termina por asfixiar la actividad económica y el empleo. Caputo es excelente haciendo cálculos de escritorio. Su debilidad es la implementación política: la negociación con provincias, la gestión de conflictos sectoriales, la comunicación de las medidas. Ahí es donde falló en 2018 y donde está mostrando las mismas grietas en 2025.

La pregunta que Caputo no responde es si esta vez es diferente. En 2018 también creía que el déficit era el único problema. El resultado fue una crisis que terminó con default, cepo y pobreza récord. El superávit fiscal de 2024 es real, pero la falta de dólares sigue siendo el mismo talón de Aquiles que no pudo resolver en su gestión anterior.

Caputo fue ejecutivo de JP Morgan durante 15 años, exactamente el período en que el banco acumuló causas por manipulación de divisas, hipotecas basura y financiamiento ilícito en América Latina. Eso no lo hace culpable de nada. Pero cuando el mismo ejecutivo pasa a ser ministro de Finanzas y negocia emisiones de deuda pública que benefician a los bancos —exactamente el sector donde trabajó— el conflicto de interés es evidente.

En 2017, siendo ministro de Finanzas, Caputo negoció la emisión del bono a 100 años que fue adquirida mayormente por bancos de inversión. JP Morgan fue uno de los colocadores. No hay ilegalidad. Pero la pregunta es inevitable: ¿un ex ejecutivo bancario que negocia deuda pública con los mismos bancos donde trabajó está defendiendo el interés público o el de sus ex colegas?

Caputo nunca respondió esta pregunta con claridad. Su patrimonio tampoco es público en detalle. El problema no es que haya trabajado en un banco. El problema es que Argentina tiene un historial de funcionarios que van y vienen entre el sector público y el financiero, con regulaciones que benefician a la banca y una deuda pública que crece cada vez que ellos están al mando.

No se cuestiona la legalidad, se cuestiona la apariencia. Un país con historia de 'puertas giratorias' entre la banca y el ministerio de economía debería tener mecanismos más estrictos de cuarentena y transparencia patrimonial. Argentina no los tiene. Y Caputo es el mejor ejemplo de por qué debería tenerlos.

Caputo aplicó el ajuste fiscal más duro en democracia. Redujo el gasto público en términos reales en todos los rubros. El problema es que no discriminó entre gasto superfluo (subsidios a la energía, cargos políticos, publicidad oficial) y gasto estratégico (obra pública productiva, ciencia y tecnología, inversión en infraestructura).

Una empresa que quiere ser más eficiente no deja de invertir en mantenimiento —recorta gastos corrientes y optimiza inversiones. Caputo hizo lo contrario: cortó todo por igual. El resultado es que la economía se contrajo más de lo necesario. La obra pública —que genera empleo directo e indirecto y tiene efecto multiplicador— se paralizó completamente en 2024.

Rutas, hospitales, escuelas, viviendas sociales quedaron en suspenso. En 2025 se reactivaron algunas obras, confirmando que la parálisis total fue un error. La motosierra no distingue: corta hueso, carne y grasa por igual. Caputo no mostró capacidad de ajuste quirúrgico. Mostró capacidad de motosierra lineal.

El argumento de que 'no había plata' es cierto pero incompleto. No hacer nada no es mejor que hacerlo mal. La infraestructura pública no es un lujo: es una inversión con retorno. Paralizar rutas, hospitales y escuelas no ahorra plata a largo plazo —la posterga con intereses. Un ajuste inteligente habría mantenido la inversión productiva y recortado el gasto corrientes. Caputo no supo hacer esa diferencia.

Caputo tiene un problema de comunicación crónico. No da entrevistas en profundidad, no explica sus medidas con claridad y delega en el vocero presidencial la defensa de su gestión. En un programa de ajuste tan drástico, la comunicación es parte de la política económica: si la gente no entiende por qué se hace lo que se hace, la reacción social es más violenta.

El gobierno de Milei tuvo una comunicación agresiva y efectiva en términos políticos, pero Caputo se mantuvo al margen, como un técnico que solo rinde cuentas ante los mercados. Eso funciona mientras los mercados te aplauden. Cuando el riesgo país no baja, cuando el cepo no se abre y cuando la economía no crece, la falta de comunicación genera incertidumbre.

Caputo parece incómodo en el debate público, y su silencio alimenta especulaciones sobre su continuidad, su relación con el FMI y el rumbo económico. En 2025, los rumores de su renuncia circularon varias veces, alimentados precisamente por su falta de presencia pública.

La comunicación no es ruido: es parte de la política económica. Si no explican el plan, otros lo explican por ellos —y generalmente mal. La política económica también se construye con confianza, y la confianza se construye con diálogo. Caputo debería aprenderlo o el mercado se lo va a recordar.