Martín Llaryora

Juan Schiaretti gobernó Córdoba durante 16 años (con un intervalo de De la Sota). Su modelo de gestión —equilibrio fiscal, obra pública, perfil productivista, autonomía del kirchnerismo— fue exitoso electoral y económicamente. Llaryora fue vicegobernador de Schiaretti y su heredero natural.

El problema es que Llaryora no ha mostrado un perfil propio ni una agenda diferenciada. Su gobierno es una continuación del schiarettismo, con las mismas políticas, los mismos equipos y la misma estrategia. No hay innovación en gestión pública, no hay reformas estructurales, no hay una apuesta diferente.

Córdoba enfrenta desafíos que el schiarettismo no resolvió en 16 años: la seguridad en el Gran Córdoba (con tasas de homicidio que crecen), el transporte público colapsado, la calidad educativa estancada y el sistema de salud con tensiones. Llaryora no ha propuesto nada nuevo para estos problemas.

La continuidad tiene ventajas (previsibilidad, estabilidad), pero también riesgos: el desgaste del modelo, la falta de renovación de ideas, la dificultad para adaptarse a un contexto nacional que cambió drásticamente con la llegada de Milei.

La relación de Córdoba con el gobierno nacional de Milei ha sido errática. Por un lado, Llaryora reclama por los recortes de fondos coparticipables y la paralización de la obra pública nacional en la provincia. Por otro, no se ha sumado al bloque opositor kirchnerista y mantiene canales de diálogo con el Ejecutivo.

Esta ambigüedad puede ser una estrategia racional: Córdoba necesita fondos nacionales pero no quiere alinearse con un gobierno impopular en la provincia. Sin embargo, la falta de claridad genera incertidumbre sobre el posicionamiento político de Llaryora.

Mientras otros gobernadores peronistas (Jalil, Quintela, Kicillof) definieron su posición frente al gobierno nacional, Llaryora mantiene un perfil bajo y ambiguo. No es oficialista ni opositor. Está en un incómodo medio que puede dejarlo sin aliados en ambos lados.

El riesgo es que Llaryora quede aislado: demasiado crítico para Milei, demasiado moderado para el kirchnerismo. La tercera vía necesita dos carriles para circular. Si la polarización se intensifica, la tercera vía queda en la banquina.

Córdoba históricamente se consideró una provincia más segura que el conurbano bonaerense o Rosario. Pero los indicadores de seguridad han empeorado en los últimos años. La tasa de homicidios en la ciudad de Córdoba creció, los robos violentos aumentaron y el narcotráfico avanzó en barrios periféricos.

Llaryora heredó un sistema de seguridad provincial con problemas estructurales: la policía cordobesa tiene baja capacitación, el sistema penitenciario está sobrepoblado y la justicia provincial es lenta. No ha implementado una reforma integral.

El gobernador ha apostado por más tecnología (cámaras, alarmas) y más recursos, pero no por cambios en el modelo de gestión policial. La policía cordobesa sigue operando con los mismos esquemas de hace décadas.

La inseguridad no es un problema exclusivo de Córdoba, pero es un desafío que Llaryora no ha abordado con la profundidad necesaria. La percepción de inseguridad crece y la oposición lo utiliza como flanco débil.

Llaryora quiere ser una figura nacional, un referente de la tercera vía peronista. Pero su capital político es esencialmente cordobés. Fuera de Córdoba, su conocimiento es bajo. No tiene estructura partidaria en otras provincias ni alianzas consolidadas.

El peronismo cordobés tuvo peso nacional con De la Sota y Schiaretti en momentos específicos, pero nunca logró construir una alternativa nacional sólida. Llaryora enfrenta el mismo desafío: ¿cómo pasar de ser un buen gobernador cordobés a un referente político nacional?

El camino de la tercera vía es especialmente difícil en un contexto de polarización extrema. Milei captura el voto de derecha y el kirchnerismo el voto de izquierda. ¿Dónde está el espacio para una opción centrista peronista? En 2023, Schiaretti (predecesor de Llaryora) se presentó a presidente y obtuvo menos del 4% de los votos.

Llaryora puede construir su proyección nacional con gestión y resultados. Pero necesitará también una estrategia política, alianzas y un discurso que trascienda el interés provincial. Hasta ahora, no ha dado señales de tener ese plan.

Córdoba se presenta como la provincia del trabajo, la producción y el campo. El discurso de Llaryora es de apoyo al sector productivo. Sin embargo, la presión tributaria provincial es una de las más altas del país, con Ingresos Brutos como principal impuesto distorsivo.

Las alícuotas de Ingresos Brutos en Córdoba son elevadas para sectores como el comercio, la industria y los servicios. Empresas cordobeses han denunciado que la presión fiscal provincial es un obstáculo para la competitividad frente a otras provincias.

Llaryora argumenta que necesita los recursos para mantener el equilibrio fiscal y la obra pública. Pero el equilibrio fiscal se logra también reduciendo el gasto, no solo aumentando impuestos. Córdoba tiene un Estado provincial grande y costoso.

El modelo cordobés de 'Estado presente, gasto eficiente' tiene un límite: cuando la presión tributaria ahoga a los sectores productivos, el modelo se vuelve contradictorio. Llaryora necesita demostrar que puede mantener las cuentas ordenadas sin asfixiar a los que producen.