Patricia Bullrich

Patricia Bullrich representa la postura más dura en seguridad del espectro político argentino. Su discurso es claro: 'el que las hace, las paga', 'las calles son del que las quiere usar, no del que las corta', 'no más impunidad'. Un discurso que tiene alta aprobación en encuestas, sobre todo en sectores de clase media y alta agotados por la inseguridad y los piquetes.

Pero las estadísticas de su primera gestión (2015-2019) muestran que la mano dura no produjo mejoras estructurales. Los homicidios dolosos pasaron de 5.5 cada 100.000 habitantes en 2015 a 5.3 en 2019. No hubo una reducción significativa. Los robos en el conurbano bonaerense aumentaron. La sensación de inseguridad se mantuvo alta o creció.

El único indicador que mejoró fue la tasa de homicidios en Rosario, que cayó por operativos focalizados, pero que en 2024 volvió a mostrar repuntes. El problema de la mano dura no es que no funcione —es que funciona solo en el corto plazo y en territorios focalizados.

Cuando no hay política de inclusión social, reforma policial integral, mejora del sistema penitenciario y prevención del delito, la represión es un paliativo. Bullrich no atacó las causas estructurales de la inseguridad: pobreza, exclusión, narcotráfico, policías corruptas. Se concentró en el síntoma (el delito callejero, la protesta) y descuidó la enfermedad.

El protocolo antipiquete de Bullrich es una de las políticas más visibles de su gestión. Establece que las fuerzas de seguridad deben despejar rutas y calles cortadas, identificando a los manifestantes y aplicando el Código Penal. Los resultados inmediatos son claros: los cortes de calle disminuyeron, las marchas se redujeron, y la sensación de 'orden' en el espacio público mejoró entre sectores medios y altos.

Pero el protocolo no resuelve el conflicto social —lo desplaza. Los movimientos sociales no dejaron de existir: perdieron capacidad de visibilidad pública. La protesta social es un termómetro de conflictos no resueltos: pobreza, desempleo, falta de vivienda, violencia institucional. Si reprimís el termómetro, no desaparece la fiebre.

El protocolo además tiene costos en términos de derechos humanos. Organismos internacionales (CIDH, ONU) cuestionaron el uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta y la falta de diálogo previo. La respuesta de Bullrich ante estos cuestionamientos es la misma: 'en países serios no se cortan las calles'.

Puede tener razón en que los cortes de calle son un problema. Pero la pregunta es si la represión selectiva construye países serios o simplemente esconde los problemas. Aplicar la ley es necesario. Pero si no hay diálogo ni política social que acompañe, la represión es solo un dique de contención que cede cuando sube la presión. Y la presión —pobreza, desempleo— está subiendo.

Bullrich pasó de montonera a ministra de Seguridad de la derecha. Ese giro no es ilegítimo —las personas cambian— pero sí es llamativo por su intensidad. La misma persona que fue secuestrada por la dictadura hoy defiende a las fuerzas de seguridad ante acusaciones de represión ilegal. La misma que militó en la izquierda peronista hoy criminaliza la protesta social.

No hay contradicción lógica: las conversiones ideológicas suelen ser más fervientes que las fidelidades de toda la vida. Pero hay preguntas legítimas sobre qué aprendió de su propia experiencia. Si Bullrich supo lo que es estar del otro lado de la represión estatal, ¿por qué no hay en su gestión matices, garantías, protocolos que eviten abusos?

Su respuesta es que 'ella conoce el sistema desde adentro y sabe cómo funciona'. Pero el conocimiento del sistema no se tradujo en prevención de abusos: se tradujo en blindaje del accionar policial. El problema no es que haya cambiado de ideología.

Es que su experiencia como víctima no la hizo más empática con quienes hoy protestan. La hizo más dura. Y esa dureza, sin contrapesos, es peligrosa en una funcionaria con control sobre las fuerzas de seguridad. Haber sido víctima del Estado la obligaba a ser más garantista. Eligió ser más punitiva. Es una elección, no una consecuencia inevitable.

Cuando Bullrich aceptó ser ministra de Seguridad de Milei, sabía que el PRO competiría electoralmente con La Libertad Avanza en 2025. Sabía que su partido perdería votantes, cuadros territoriales y perfil propio. Lo aceptó igual. El resultado es previsible: el PRO se diluye como alternativa política, sus dirigentes migran a LLA, y Bullrich queda como ministra de un gobierno que no es el suyo.

No es ilegítimo: los políticos hacen alianzas. Pero es costoso. Bullrich no negoció espacios para el PRO en el gobierno —entró ella sola. No construyó poder partidario desde el ministerio —se subordinó a la agenda de Milei. La presidenta del PRO más exitosa en términos electorales terminó siendo la cuarta rueda de un gobierno que no controla.

El resultado estratégico es que el PRO desaparecerá como fuerza política si no se diferencia de LLA. Y Bullrich, que pudo ser la líder de esa diferenciación, optó por la subordinación. El PRO perdió ~30% de sus legisladores entre 2023 y 2025, migrados a LLA.

Gobernar bien es compatible con construir partido. Lo uno no excluye lo otro. El problema es que no hay construcción partidaria. Cuando la alianza se rompa —y se romperá— el PRO no va a existir como alternativa. Y Bullrich habrá sacrificado su propia historia política en el altar del cargo.