Victoria Villarruel

Victoria Villarruel construyó su identidad política sobre una premisa discutible: que hubo una 'guerra' con dos bandos igualmente responsables, y que las víctimas de un lado fueron silenciadas por el relato dominante. El problema de esta posición no es solo moral —es jurídico. El Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los crímenes de la dictadura. La guerrilla no cometió crímenes de Estado. El derecho internacional diferencia claramente entre terrorismo de Estado y acciones de grupos armados no estatales. Equipararlos no es una posición ideológica legítima: es un argumento que benefició judicialmente a represores condenados.

La pregunta que Villarruel nunca responde es directa: si hubo una guerra de dos demonios, ¿por qué la Comisión de la Verdad y el Juicio a las Juntas —hechos por el propio Estado argentino— documentaron sistemáticamente crímenes de la dictadura y no actuaron contra la guerrilla? La respuesta es simple: porque la guerrilla no tenía centros clandestinos de detención, no desapareció 30.000 personas, no secuestró bebés. Villarruel no defiende una posición histórica: defiende una posición política que relativiza el terrorismo de Estado.

No se trata de negar que la guerrilla cometió crímenes. Se trata de poner las cosas en su lugar: el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la obligación de proteger a sus ciudadanos. Cuando el Estado usa ese monopolio para desaparecer personas, no es equiparable a una organización armada. La legislación internacional lo entiende así. Villarruel también, pero le conviene no reconocerlo porque su posición política depende de esa falsa simetría.

La consecuencia de su posición no es académica: es judicial. Cada vez que se instala el relato de los 'dos demonios', se debilita la condena social a la dictadura y se abre espacio para que represores condenados reclamen revisión de sus causas. Villarruel no es responsable de eso, pero su discurso alimenta a quienes quieren cerrar los juicios de lesa humanidad.

Villarruel se define como católica conservadora y sostiene posiciones tradicionales en temas de familia, aborto y educación sexual. El gobierno de Milei, en cambio, promueve una desregulación total del Estado que incluye la eliminación de barreras en salud reproductiva y la reducción del Estado en políticas de protección social. La contradicción no es menor: el liberalismo libertario de Milei y el conservadurismo católico de Villarruel son antitéticos en materia de derechos civiles.

Ella votó en contra de la ley de aborto legal en 2018 y 2020. Milei se declaró 'pro-vida' pero prometió no modificar la ley actual. La tensión entre ambas visiones nunca se resolvió públicamente porque Villarruel evitó el debate. No es una alianza ideológica —es un acuerdo electoral que funcionó mientras los temas de derechos civiles no estuvieron en la agenda.

El día que el gobierno necesite tomar posición sobre matrimonio igualitario, eutanasia o gestación subrogada —temas que el ala liberal del gobierno quiere desregular— la coalición mostrará sus fisuras. Villarruel tendrá que elegir entre sus convicciones religiosas y la lealtad al proyecto político que integra.

Hasta ahora, optó por el silencio. Pero el silencio no es neutralidad: es una bomba de tiempo política. Cuando los temas de derechos civiles lleguen al Congreso —y van a llegar— Villarruel no va a poder esconderse detrás de su rol institucional.

La presidencia del Senado maneja un presupuesto significativo, designaciones de personal y la agenda legislativa. Durante la gestión de Villarruel, hubo incrementos en las plantas transitorias, designaciones sin concurso de personas vinculadas al espacio político oficialista, y un manejo opaco de los gastos de la Cámara Alta. No hubo auditoría externa sobre los contratos y las contrataciones directas.

Para alguien que construyó su carrera política sobre la base de la transparencia y la lucha contra la corrupción, estas prácticas son particularmente cuestionables. Villarruel llegó a la vicepresidencia denunciando los privilegios de la 'casta' y el derroche del Estado. Sin embargo, en su propia gestión del Senado no aplicó los mismos estándares de control que exige al resto del Estado.

No se trata de acusar de corrupción. Se trata de señalar que no publicó el detalle de las designaciones, no redujo gastos discrecionales, no impulsó mecanismos de control parlamentario. Si la lucha contra la 'casta' implica desenmascarar los privilegios del poder, el Senado sigue funcionando como un feudo sin control externo.

Legal no es sinónimo de transparente. Y si Villarruel quiere ser creíble en su lucha contra la corrupción, debería empezar por su propia casa: publicar el detalle del presupuesto del Senado, auditar las contrataciones y eliminar las designaciones discrecionales que tanto criticó cuando estaba en la oposición.